En medio de un escenario económico convulso, las empresas españolas se enfrentan a una creciente carga fiscal que amenaza su competitividad y su capacidad para generar empleo y prosperidad. La situación se ha agravado en los últimos seis años, con una serie de medidas fiscales implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que han impactado negativamente en el entorno empresarial.
Con una carga tributaria que supera el 32% de los ingresos totales por impuestos, las empresas españolas se encuentran entre las más gravadas de la Unión Europea. Esta situación se agrava aún más con el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, que ha llevado la carga fiscal por empleado al 59,5%, una de las más altas de la OCDE.
El incremento de impuestos y cotizaciones sociales ha generado un ambiente hostil para las empresas, que se ven obligadas a destinar una parte considerable de sus ingresos a cumplir con sus obligaciones fiscales. Esto reduce su capacidad de inversión, innovación y crecimiento, lo que a su vez afecta negativamente a la creación de empleo y al desarrollo económico.
El argumento de que aquellos con mayores recursos deben contribuir más al Estado de bienestar ha sido utilizado para justificar estas medidas, pero su impacto real va más allá de una simple redistribución de la riqueza. La carga fiscal excesiva asfixia a las empresas, limitando su capacidad para competir en el mercado global y dificultando su supervivencia a largo plazo.
Es preocupante que en un país con una tasa de desempleo tan alta, las empresas se vean penalizadas con una carga tributaria que supera ampliamente el promedio de los países industrializados. Esta situación no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores y a la economía en su conjunto, socavando la capacidad de recuperación y el potencial de crecimiento del país.
Para revertir esta tendencia y promover un entorno empresarial más favorable, es necesario adoptar medidas que alivien la carga fiscal sobre las empresas y fomenten la inversión, la innovación y la creación de empleo. Esto no solo beneficiará a las empresas, sino también a la economía en su conjunto, impulsando el desarrollo sostenible y el bienestar de todos los ciudadanos.