La obligación de facturar de forma electrónica, más cerca: el Gobierno inicia los trabajos

Juan Antonio Marín Carreño (14/03/2023)

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, junto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública ponen en marcha el desarrollo del Real Decreto que obligará a todas las compañías a la emisión de facturas electrónicas. Ambas administraciones han sacado a consulta pública la norma, con el objetivo, explican, de sobre todo rebajar la morosidad en las pymes.

Este Real Decreto obligará a todos los empresarios a digitalizarse para poder emitir todas sus facturas en formato electrónico. Además, las empresas deberán remitir también a la Agencia Tributaria todas las facturas en este formato. "Es preciso por ello hacer un esfuerzo por alinear todas estas obligaciones, tributarias y no tributarias, para simplificar el cumplimiento simultáneo de todas ellas", señala la Administración en el texto a consulta.

El Ejecutivo apunta que con esta obligación se pretende solucionar la morosidad comercial en las empresas, entendida como el incumplimiento de una obligación de pago a tiempo. Superando el plazo máximo de 60 días en las empresas privadas. Según el Gobierno, las pymes son las que más retrasos sufren por la "asimetría de poder" con sus proveedores, lo que influye negativamente en su liquidez, por tanto en sus proyecto, capacidad de inversión y solvencia.

Por otro lado, la consulta señala que universalizar la obligación de la factura electrónica en las transacciones entre empresas y profesionales supone un avance en materia de digitalización del tejido empresarial además de un ahorro de costes en el proceso de emisión, envío y recepción de la facturación.

Los principales elementos del desarrollo de la arquitectura de facturación electrónica se resumen en siete puntos. El sistema estará intermediado por una red de plataformas de intercambio de facturas electrónicas sujetas a una regulación de mínimos en cuanto a seguridad de la información, de las transmisiones y capacidades de autenticación. Se complementará con un sistema público de intercambio básico de facturas proporcionado por la Administración en el que los emisores tendrán la obligación de depositarlas en un formato único en la sede de la Agencia Tributaria, que las validará formalmente y las pondrá a disposición de sus destinatarios. De otro lado, será interoperable, además el sistema estará interconectado para que cada usuario sólo necesite conectarse a una plataforma ya que las plataformas de intercambio de facturas electrónicas privadas tienen la obligación de interconectarse con cualesquiera otras plataformas que se lo soliciten. Se permitirá el intercambio de la información de la fecha de pago efectivo de las facturas para que se transmita entre las partes y a la Administración para su seguimiento. El proyecto dará periodos de transición más amplios a las pymes para que apliquen este nuevo formato y para ello podrán contar con las ayudas del kit digital. Finalmente, se potencia la transparencia como arma frente a los abusos en plazos de pago.

El Ejecutivo dará dos años a las empresas desde la aprobación del Real Decreto para la obligación de emitir las facturas electrónica y plantea ampliar el plazo en el caso de las pymes.